Mario Melo: “La lucha por los derechos de los pueblos indígenas no se agota con una sentencia nacional o internacional”

Entrevista: Verónica Calvopiña y Jorge Cano
Nota: Gabriela Peralta

Mario Melo, abogado de la Fundación Pachamama, en entrevista con Wambra habló acerca de la audiencia sobre pueblos en aislamiento voluntario. Este proceso se inició en 2006, luego de que en 2003 hubo una masacre en la que murieron más de 20 personas del Pueblo Taromenane. Este caso fue presentado ante la Comisión Interamericana por un grupo de activistas y personas comprometidas con los derechos de los pueblos del Yasuní. El trámite lleva ya 16 años y, apenas este 23 de agosto, en la ciudad de Brasilia, la Corte llevará a cabo un proceso de juzgamiento al Estado ecuatoriano por la violación de los derechos reconocidos a los pueblos en aislamiento: su vida, su integridad y su opción de vivir de acuerdo a sus propios parámetros en un medioambiente libre de contaminación.

Mario Melo indicó que en el año 2006, la Comisión Interamericana dictó medidas cautelares en favor de los Pueblos Tagaeri y Taromenane y su territorio y que en 2007, el Ecuador implementó por primera vez un plan de cumplimiento de esas medidas, “destinó algunos fondos públicos y comenzó un monitoreo de la situación de estos pueblos. Todas estas medidas han sido insuficientes”, dijo. Además, el abogado declaró que han habido varias masacres, una de ellas registrada en 2013, cuando el plan de medidas cautelares llevaba varios años de funcionamiento. En ese año fallecieron entre 20 y 30 personas de pueblos en aislamiento “sin que el Estado haya tenido ninguna estrategia que sea adecuada para prevenir estos conflictos”.

El abogado de la Fundación Pachamama expresó que la actuación de los organismos del Estado que están encargados de garantizar que el Estado cumpla las responsabilidades internacionales de derechos humanos es deficiente y que “la Secretaría de Derechos Humanos no ha encontrado un camino para garantizar que los derechos de los pueblos en aislamiento sean efectivamente garantizados por el Estado”.

Finalmente, Mario Melo manifestó que desde 2006 el Estado está obligado, por unas medidas cautelares, a proteger los derechos de los pueblos en aislamiento voluntario y que esas medidas no se han cumplido, como también ha sucedido con otras sentencias que tienen que ver con los pueblos indígenas. Por lo que reiteró que “la lucha por los derechos de los pueblos indígenas no se agota con una sentencia nacional o internacional”, sino que la sociedad civil y las personas comprometidas con los derechos humanos y con la naturaleza deben hacer presión y denunciar para que el Estado se sensibilice y entienda que su deber es cumplir con lo que dice la justicia en materia de derechos humanos, por sobre cualquier interés petrolero o político.