Nuevo intento por silenciar a defensores del ambiente

Quito, 13 de noviembre de 2025

Fundación Pachamama, con casi tres décadas de labor junto a los pueblos indígenas de la Amazonía ecuatoriana, se ha consolidado como una de las organizaciones más importantes en la promoción y defensa de los derechos indígenas y de la naturaleza en Ecuador, reconocimiento que ha ganado a nivel nacional e internacional gracias a su trabajo sostenido; sin embargo, en 2025 enfrenta un nuevo intento de cierre, por medio de la asfixia económica provocada por el congelamiento de todas sus cuentas bancarias y el inició de procesos penales en contra de la Fundación, como persona jurídica y, en contra de su presidenta, Belén Páez. Estas medidas, adoptadas sin información clara sobre los supuestos hechos que las motivan y apoyadas en información de inteligencia declarada “secreta”, buscan paralizar su funcionamiento diario, generar un efecto disuasorio sobre su labor de defensa de derechos humanos y ponen en grave riesgo la continuidad del acompañamiento a las comunidades amazónicas en la defensa de sus territorios, sus derechos colectivos y la naturaleza. 

En 2013, el Estado ordenó la disolución inmediata de Fundación Pachamama, la cancelación de su personería jurídica y el desalojo físico de sus oficinas, sin notificación ni posibilidad real de defensa. Esta decisión fue fundamentada en el Decreto Ejecutivo 16, que estableció causales ambiguas para la disolución de organizaciones sociales, entre ellas "desviarse de los fines y objetivos para los cuales fue constituida" y "dedicarse a actividades de política partidista", interpretadas de manera arbitraria para justificar la cancelación de la personería jurídica de la Fundación. Se alegó que la organización interfería en decisiones estatales y representaba un riesgo para la "seguridad interna del Estado" debido a su apoyo a la resistencia indígena frente a proyectos extractivos en la Amazonía. Este cierre fue denunciado internacionalmente como una violación a la libertad de asociación y a los derechos humanos, en particular el derecho a la defensa, la libertad de expresión y la protección especial a las personas defensoras de derechos humanos, colocando en grave riesgo la labor de Fundación Pachamama en defensa de los pueblos indígenas y la naturaleza en Ecuador.

Ese cierre no fue solo administrativo, significó silenciar a una organización que ha trabajado codo a codo con las comunidades para proteger sus derechos.Desde ese momento, diversas organizaciones nacionales e internacionales advirtieron sobre el riesgo de cierres arbitrarios de ONG dedicadas a derechos humanos, pueblos indígenas y medio ambiente. Tras el cierre forzado, Fundación Pachamama agotó los recursos legales internos y, en 2014, recurrió al Sistema Interamericano de Derechos Humanos para denunciar la violación de su derecho a la libertad de asociación y defensa de derechos, buscando visibilizar y frenar la persecución estatal.

Finalmente, en 2017, como resultado de la derogación del Decreto Ejecutivo 16, Fundación Pachamama recuperó formalmente su personería jurídica. Este cambio permitió el reinicio oficial de sus actividades y redujo parcialmente el control estatal excesivo sobre las organizaciones sociales. Sin embargo, esta restitución no implicó una reparación integral ni garantías reales de no repetición.

Ocho años después, en 2025, la situación se agrava y se ve reflejada en la aprobación y aplicación de la Ley de Transparencia Social, inicialmente conocida como Ley de Fundaciones, aprobada en agosto de ese año. Esta ley, enmarcada en una estrategia nacional contra el crimen organizado y el lavado de activos, introduce un control riguroso y amplio sobre las Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro (OSSFL), entre las que se incluye a las ONG y fundaciones como Fundación Pachamama. Bajo el argumento oficial de promover la transparencia, integridad y rendición de cuentas, la normativa ha sido cuestionada porque impone sanciones y requisitos excesivamente restrictivos que pueden conducir a la disolución administrativa arbitraria y limitar la sostenibilidad operativa de estas organizaciones.

En este contexto represivo, el Estado recurre ahora a mecanismos financieros para asfixiar a Fundación Pachamama, limitando su capacidad operativa y legal para acompañar comunidades, mientras criminaliza a sus dirigentes. Así, el 22 de septiembre de 2025, la Fundación constató que sus cuentas bancarias habían sido congeladas totalmente, sin notificación previa de bancos ni autoridades judiciales. Esta inmovilización fue amparada en la Ley de Transparencia Social, a través de una medida cautelar “excepcional” aplicada por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

Aunque el 6 de noviembre se decidió revocar el congelamiento de sus cuentas, las acciones de criminalización a las que ha sido sometida la Fundación plantean el riesgo de que se adopten nuevas medidas que puedan obligar al cierre definitivo de la organización e incluso extinguir su personería jurídica, sin posibilidad de reactivación. Esta situación representa una grave amenaza para la continuidad del trabajo de acompañamiento y defensa de los derechos colectivos y ambientales de las comunidades amazónicas.

La cronología de estos hechos tampoco es casual. La fecha de inmovilización de las cuentas coincide con la convocatoria del movimiento indígena a un Paro Nacional 2025 en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, la convocatoria a una Asamblea Constituyente y la entrega de licencias ambientales para proyectos mineros en territorios indígenas y ecosistemas sensibles.

Lo que está en juego trasciende la situación administrativa de una ONG, se trata del espacio real que tienen los pueblos indígenas para acceder a apoyo en conservación, bioeconomía, fortalecimiento comunitario y protección ambiental frente a decisiones estatales y empresariales que impactan sus territorios y sus modos de vida.

Frente a esta realidad, Fundación Pachamama y CEJIL acudirán el 17 de noviembre de 2025 a una audiencia pública del caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco de su 194° Período de Sesiones en Miami, Estados Unidos. En esta instancia se presentarán pruebas y argumentos sobre la responsabilidad del Estado ecuatoriano por las violaciones de derechos humanos cometidas contra integrantes de la Fundación a raíz de la cancelación arbitraria de su personería jurídica en 2013 y otras acciones orientadas a restringir su labor. Al mismo tiempo, se expondrá el actual contexto de cierre del espacio cívico en Ecuador, marcado por leyes anti-ONG, criminalización y bloqueos financieros,  para demostrar cómo este nuevo ciclo de hostigamiento agrava las afecciones y pone en riesgo la continuidad de la Fundación Pachamama, reforzando la urgencia de que se adopten garantías efectivas de no repetición.

Para más información o para unirse a nuestras campañas de acción, visita www.pachamama.org.ec o contacta a info@pachamama.org.ec.