Fecha: 19 de mayo de 2021

Accionante: Monge Froebelius Pamela Lillian, Monge Froebelius Arlene

Ann.

Demandado: Ab. Teo Balarezo Cueva, Subprocurador Metropolitano, Representante Legal Y Judicial Del Municipio Del Distrito Metropolitano De Quito, Dr. Iñigo Salvador Crespo Procurador General Del Estado, Juan Carlos Aviles Secretario De Ambiente Del Municipio Del Distrito Metropolitano De Quito, Arq. Rafael Carrasco Quintero Gerente General De La Empresa Publica Metropolitana De Movilidad Y Obras Publicas, Dr. Dunker Morales Vela Sindico Del Distrito Metropolitano De Quito, Dr. Jorge Homero Yunda Alcalde Del Distrito Metropolitano De Quito, Raúl Codena Valdiviezo Director Ejecutivo Del Instituto Metropolitano De Patrimonio Del Municipio De Quito, Luis Medina Altamirano Gerente General De La Empresa Pública Metropolitana De Agua Potable Y Saneamiento.

# de caso ante la Corte Institucional: Caso No. 17460-2020-04480

Tipo de Acción: Acción de Protección

Eje del Acuerdo de Escazú relacionado al caso: Justicia Ambiental

Hechos Sintetizados: El Río Monjas se formó artificialmente debido a la colocación de un colector municipal en los años 80 en la parroquia de Ponceano, Quito, permitiendo que aguas servidas y desechos químicos provenientes de varios sectores desembocaran en un riachuelo natural llamado “quebrada del colegio”, que originalmente tenía un ancho de 6 metros y ahora llega hasta 70 metros debido a la erosión generada por descargas sin tratamiento adecuado.

Esta erosión ha destruido infraestructura, incluyendo un puente en 1995 y viviendas en 2007, mientras que el número de casas en las laderas sigue aumentando sin intervención municipal. Además, el río Monjas atraviesa la Casa de Hacienda Carcelén, un bien patrimonial cuya integridad estaba en riesgo, pues el borde de la quebrada se encuentra a solo 10 metros de la edificación, ocasionando daños estructurales graves.

Pese a que empresas como Baker Hughes y Pfizer han construido muros de protección que alivian temporalmente la erosión en ciertas zonas, esto ha incrementado la presión en la parte donde se encuentra la Casa de Hacienda Carcelén.

Las accionantes responsabilizan a las autoridades municipales por permitir que un colector de aguas servidas y desechos químicos transforme un cauce natural en un río que, sin infraestructura adecuada, genera graves daños ambientales, amenaza la vida de los moradores, y pone en riesgo un patrimonio cultural declarado, sin que se tomen medidas efectivas para mitigar estos problemas.

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