Desendeudarse sí, pero no a costa de la Amazonía

“La verdadera justicia financiera solo es posible si está anclada en la justicia social y climática. La Amazonía no es un costo de oportunidad. Es la condición misma para que exista un futuro posible.”

Editorial de opinión de Belén Páez, para la Revista Plan V

La deuda, cuando es injusta, mata. No lo hace de forma inmediata ni directa, pero su violencia es sistemática: limita el acceso a salud, educación, agua potable, y deja a millones de personas sin herramientas para enfrentar los efectos más extremos de la crisis climática, la pérdida de la biodiversidad y el cambio del uso del suelo. Hoy, más del 60% de los países de bajos ingresos se encuentra sobreendeudado. Este dato no es solo técnico, es profundamente político: dice mucho sobre cómo se distribuye el poder, los recursos y la vida en el mundo.

Durante la Cumbre de Sevilla 2025 quedó claro que la arquitectura financiera internacional no solo es obsoleta, sino también incompatible con los derechos humanos y con los límites planetarios. Pero esta es una verdad incómoda que muchos prefieren ignorar. Los países del Sur Global, especialmente en América Latina, el Caribe y África, pagan la mayor parte de su deuda en intereses mientras enfrentan los embates del cambio climático que no provocaron. Hoy más que nunca debemos decirlo sin rodeos: la crisis climática es una crisis de desigualdad. Mientras el 10% más rico de la población mundial es responsable de más del 50% de las emisiones, millones de personas viven sin acceso a electricidad o agua limpia. Y los discursos que afirman que “no hay recursos” para cambiar esta realidad se derrumban frente a la evidencia: el gasto militar global supera los USD 2 billones anuales y la concentración obscena de riqueza crece sin freno. Lo que falta no es dinero: falta voluntad política, coherencia y un nuevo pacto global que priorice la vida y no la especulación.

La Amazonía está en el centro de esta encrucijada. No solo porque es uno de los principales reguladores climáticos del planeta y hogar de más del 10% de la biodiversidad mundial, sino porque encarna el conflicto entre dos visiones del mundo: una que la considera territorio sagrado y bien común, y otra que la reduce a mercancía o activo financiero. Los pueblos indígenas que la habitan no son objetos de políticas, sino sujetos históricos con derecho a decidir sobre su destino. Sin embargo, en nombre de la “sostenibilidad”, muchas veces se les impone extractivismo disfrazado de transición ecológica.

Los llamados canjes de deuda por naturaleza  pueden ofrecer soluciones, pero no están exentos de riesgo. Por eso es urgente analizar no solo el qué sino el cómo, el para quién y el con qué garantías se realizan estas operaciones.

Ecuador ofrece ejemplos concretos que han despertado interés internacional. En 2023 realizó una operación financiera sobre la Reserva Marina de Galápagos que redujo en más de USD 900 millones el stock de deuda pública, bajó el servicio de la deuda por USD 1.100 millones entre 2030 y 2040, y destinó cerca de USD 400 millones a la conservación. En 2024, un esquema similar se aplicó al Corredor del Río Amazonas, reduciendo USD 527 millones en deuda y movilizando más de USD 450 millones para infraestructura resiliente, actividades económicas sostenibles y desarrollo territorial amazónico.

Estas experiencias muestran que es posible alinear alivio fiscal con acción climática, protección de la biodiversidad y beneficios locales. Además, desde 2019 Ecuador ha promovido reformas regulatorias que permiten canalizar inversión privada hacia proyectos sostenibles. Su mercado de bonos temáticos ya supera los USD 900 millones, y los mecanismos de conversión bilateral de deuda están ayudando a redirigir recursos hacia educación, salud y ambiente.

Pero cuidado: no todo canje es justo, y no toda “finanza verde” es ética. La clave está en la participación vinculante de los pueblos indígenas, en el respeto de sus derechos colectivos y en asegurar que las decisiones se tomen con y no sobre los territorios. No se puede construir justicia climática sobre nuevas formas de despojo.

Los compromisos multilaterales como la Hoja de Ruta Baku-Belém y el Acuerdo de Sevilla han abierto espacios valiosos para discutir estas transformaciones. Pero aún queda mucho por hacer. Para avanzar hacia una justicia económica que sea también justicia climática, necesitamos:

• Metas claras de financiamiento para adaptación, pérdidas y daños, y resiliencia, especialmente para los países más vulnerables.

• Un modelo de desarrollo que supere el extractivismo, venga del Norte o del Sur.

• Fiscalidad progresiva global, para que quienes más contaminan y concentran riqueza contribuyan más.

• Y, sobre todo, protección real de la Amazonía, no como “servicio ecosistémico” o “sumidero de carbono”, sino como territorio vivo y fuente de espiritualidad, identidad y cultura para los pueblos que la habitan.

El desafío no es técnico. Es político. Se trata de cambiar las reglas del juego, no solo de buscar soluciones dentro de un sistema que esta tan deteriorado. Por eso es tan urgente pensar una tercera vía: ni el desarrollismo depredador ni soluciones que no atacan a los verdaderos problemas. Una vía basada en la equidad, la soberanía, los derechos humanos y el respeto a los límites planetarios.

Desendeudarse sí. Pero no hipotecando los ríos, los bosques ni los pueblos. La verdadera justicia financiera solo es posible si está anclada en la justicia social y climática. Ecuador ha demostrado que hay alternativas viables, pero ningún país puede hacerlo solo. La cooperación internacional, la solidaridad global y la presión de la sociedad civil son esenciales para abrir este nuevo camino.

La Amazonía no es un costo de oportunidad. Es la condición misma para que exista un futuro posible.

Para más información:

Editorial de opinión de Belén Páez, Presidenta de la Fundación Pachamama, para la Revista Plan V

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