Zona Intangible Tagaeri Taromenane
Fecha: 19 de enero de 2022
Accionante: Carmen Rodríguez Pérez , defensora; Ivette Vallejo Real, investigadora en políticas públicas ambientales; Silvana Murgueytio Jeria, activista; Nathalia Cueva, defensora; Lisset Coba, ambientalista; María Solís Chiriboga, experta en derecho ambiental y biodiversidad.
Demandado: Presidencia de la República, Procuraduría General del Estado, Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica y Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables.
# de caso ante la Corte Institucional: Caso No. 28-19-IN
Tipo de Acción: Acción pública de inconstitucionalidad/ Decreto Ejecutivo No.751
Eje del Acuerdo de Escazú relacionado al caso: Acceso a la información en asuntos ambientales y la participación en asuntos ambientales.
Hechos Sintetizados: El Decreto Ejecutivo No. 751 amplió la Zona Intangible Tagaeri Taromenane dentro del Parque Nacional Yasuní y se redujo el área permitida para explotación petrolera, lo que generó controversia.
Se autorizó la instalación de plataformas de perforación en la zona de amortiguamiento, lo que ponía en riesgo la conservación del área y la vida de los pueblos en aislamiento voluntario (Tagaeri y Taromenane). Por eso, alegaron que el decreto violaba los derechos de la naturaleza y de los pueblos indígenas en aislamiento.
Se argumentó que no se realizó una consulta prelegislativa, afectando el derecho de participación de las comunidades. La Presidencia y la Procuraduría General del Estado defendieron el Decreto, argumentando que la medida buscaba equilibrar la conservación con la explotación responsable de recursos naturales.
